La OISOE y la justicia (y 2)

Los prolongados interrogatorios este lunes al exdirector de la OISOE, Miguel Pimentel Kareh, y a quien fuera director técnico de la institución, José Florencio Estévez, terminarían en agua de borrajas si no ayudan a establecer las reales responsabilidades en la red de extorsión y chantaje develada por el suicidio del arquitecto David Rodríguez García.

Hydra

Partamos de reconocer y respetar escrupulosamente el derecho constitucional de los involucrados a la presunción de inocencia. Pero asimismo admitamos, sin que implique juicio condenatorio previo, que resulta cuesta arriba aceptar que prácticas corruptas de la envergadura de las denunciadas pudieran ser llevadas a cabo solo por empleados subalternos.

Lo salido a flote hasta ahora deja dos cosas meridianamente claras: la red extorsiva contaba con una abundancia de dinero y un poder de decisión tales que es casi inimaginable que sus hilos fueran movidos por gente notoriamente carente de ambas cosas, como los que ya enviados preventivamente a la cárcel Yoel Soriano, Alejandro de los Santos y Julio Rafael Pérez Alejo.

No se trataba de macuteo –seña de identidad de la gestión pública— sino de la apropiación ilegal de sumas de dinero millonarias mediante la dilación de los pagos de las cubicaciones con el propósito de  llevar a los ingenieros y arquitectos a la desesperada aceptación de préstamos usureros cuyo reembolso los despojaba de los beneficios de su trabajo.

De ahí que tras los interrogatorios a Florencio Estévez y Pimentel Kareh realizados por la Procuraduría Especializada Anticorrupción Administrativa (PEPCA), la gente espere ser informada de los resultados. Sin engañifas jurídicas. Sin medias tintas.

Circo ya hay bastante, nutrido y colorido, por lo que es impertinente suponer que los reclamos de transparencia en el manejo de este asunto obedezcan a la proclividad nacional a divertirse “manchando”  honras. Lo que se exige de las autoridades, y se hace con absoluto derecho, es la investigación ecuánime de las denuncias, pero también la valentía de no excluir responsabilidades por razones extrajudiciales.

La ciudadanía –o parte de ella, para que no protesten por su inclusión los que la corrupción no les va ni les viene— espera, nuevamente, que se haga justicia. Hay demasiada impunidad ofensiva. Demasiada “indelicadeza” dejada pasar por debajo de la mesa. Demasiado delincuente prevalecido en sus vínculos políticos.  En contraposición, hay cada vez menos gente dispuesta a que le sigan tomando el pelo. Y de esto último deben estar al tanto quienes nos gobiernan.

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La carta de Miriam Germán

El acoso del juez Frank Soto a la jueza Miriam Germán no es fruto –o no tan solo- del sexismo, pedestre e irreprimible, que signa la cultura masculina. Su origen más arraigado es una visión del poder que exige la sumisión como condición de existencia de sus sometidos.

Una frase dicha por Soto sobre Germán revela sin equívocos lo que subyace a su ira: “Esa mal agradecida no era la persona adecuada para que la asignaran en este cargo”. Soto no reprocha la supuesta o real incompetencia de la magistrada, sino su insubordinación a las directrices implícitas de quienes manejan los hilos del entramado judicial.

(Tomada de Acento/ Orlando Ramos)

(Tomada de Acento/ Orlando Ramos)

No descalifica a Germán en el plano jurídico, que incluiría, por ejemplo, endilgarle una mala aplicación de las leyes. Le enrostra desagradecimiento. ¿A quién desagradece? Quizá a Leonel Fernández, quien presidió el Consejo Nacional de la Magistratura en el que ella fue electa. En el imaginario propio y en el de sus secuaces, Leonel Fernández era un padre que repartía premios y castigos. La lealtad era, sigue siendo, la retribución natural esperada por los primeros; el ostracismo, la consecuencia de los segundos.

En eso parece pensar Soto cuando denuesta a Germán. Cuando traspasa todo límite del irrespeto, que se exacerba cuando la jueza disiente del criterio de la mayoría, como ella misma escribe. Soto quiere no una jueza, sino una ilota. Alguien que no perturbe la placidez de las complicidades. Que simplemente asienta para “salvaguardar” la imagen de la Justicia, tan motu proprio devastada que no necesita de la divergencia de una jueza para ser peor.

Soto reclama la unanimidad o, en su defecto, el silencio. “Este tribunal tiene por todos lados cuestionamientos de personas mal intencionadas y Usted con sus votos nos echa un cubo de lodo”, le espeta a Germán. El retorcimiento es conocido: pone sobre los hombros de la aludida la pesada carga moral de preservar la integridad del grupo. La culpabiliza del menoscabo. Así que vote según la mayoría, no según su libre interpretación del acto enjuiciado, anúlese, es lo que le dice Soto a Germán. Él nunca se detendrá a pensar en el porqué de los cuestionamientos al tribunal. Le basta con saber que quienes lo hacen son personas “mal intencionadas”; es decir, perversos, como la desagradecida Germán. El autoritarismo deja muy pocas cosas en la indefinición.

¿Actuaría Soto de la misma manera frente a un hombre? Casi con toda seguridad sería menos virulento, pero creo que lo haría. La cólera la provoca que el otro o la otra no chapotee en las mismas turbias aguas. Que no se ajuste a los deseos orwellianos de unanimidad. Que salga ideológica y éticamente inmune de esa “habitación 101” en la que el Poder político se esfuerza en convertir a la sociedad dominicana.