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Los prolongados interrogatorios este lunes al exdirector de la OISOE, Miguel Pimentel Kareh, y a quien fuera director técnico de la institución, José Florencio Estévez, terminarían en agua de borrajas si no ayudan a establecer las reales responsabilidades en la red de extorsión y chantaje develada por el suicidio del arquitecto David Rodríguez García.

Hydra

Partamos de reconocer y respetar escrupulosamente el derecho constitucional de los involucrados a la presunción de inocencia. Pero asimismo admitamos, sin que implique juicio condenatorio previo, que resulta cuesta arriba aceptar que prácticas corruptas de la envergadura de las denunciadas pudieran ser llevadas a cabo solo por empleados subalternos.

Lo salido a flote hasta ahora deja dos cosas meridianamente claras: la red extorsiva contaba con una abundancia de dinero y un poder de decisión tales que es casi inimaginable que sus hilos fueran movidos por gente notoriamente carente de ambas cosas, como los que ya enviados preventivamente a la cárcel Yoel Soriano, Alejandro de los Santos y Julio Rafael Pérez Alejo.

No se trataba de macuteo –seña de identidad de la gestión pública— sino de la apropiación ilegal de sumas de dinero millonarias mediante la dilación de los pagos de las cubicaciones con el propósito de  llevar a los ingenieros y arquitectos a la desesperada aceptación de préstamos usureros cuyo reembolso los despojaba de los beneficios de su trabajo.

De ahí que tras los interrogatorios a Florencio Estévez y Pimentel Kareh realizados por la Procuraduría Especializada Anticorrupción Administrativa (PEPCA), la gente espere ser informada de los resultados. Sin engañifas jurídicas. Sin medias tintas.

Circo ya hay bastante, nutrido y colorido, por lo que es impertinente suponer que los reclamos de transparencia en el manejo de este asunto obedezcan a la proclividad nacional a divertirse “manchando”  honras. Lo que se exige de las autoridades, y se hace con absoluto derecho, es la investigación ecuánime de las denuncias, pero también la valentía de no excluir responsabilidades por razones extrajudiciales.

La ciudadanía –o parte de ella, para que no protesten por su inclusión los que la corrupción no les va ni les viene— espera, nuevamente, que se haga justicia. Hay demasiada impunidad ofensiva. Demasiada “indelicadeza” dejada pasar por debajo de la mesa. Demasiado delincuente prevalecido en sus vínculos políticos.  En contraposición, hay cada vez menos gente dispuesta a que le sigan tomando el pelo. Y de esto último deben estar al tanto quienes nos gobiernan.

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